España y el federalismo: la estrategia del PSC

Estos días, PSC y PSOE protagonizan una polémica en torno al llamado “derecho a decidir” que ha puesto en jaque las relaciones entre los socialistas del centro y los de Cataluña. Aunque con renovado vigor y encono, el asunto es viejo y se remonta, al menos, a las últimas elecciones catalanas. En aquella ocasión, el PSC basó su estrategia de campaña en la defensa del derecho a decidir: su apuesta pasaba por poder elegir para que España se convirtiera en un modelo político federal. El empeño, más allá de valoraciones personales, fue un fracaso en términos electorales, pero el PSC no parece dispuesto a replantearse el discurso. Esta postura no solo se ha revelado inútil a la hora de recabar votos, sino que amenaza la precaria paz en una casa socialista que ya hace aguas sola y se funda sobre un principio, el federalismo, que tiene los pies de barro.

Y es que son muchos los autores que dentro, pero sobre todo fuera de nuestro país, defienden que España puede considerarse prácticamente un modelo federal, lo cual despojaría de todo sentido la reivindicación del PSC. El Estado de las autonomías se construyó de forma que pudiera darse acomodo a dos concepciones distintas y aparentemente enfrentadas del Estado: la idea de unidad nacional indivisible y la de pluralidad nacional. La conjugación de ambos principios ha dado lugar a lo que muchos llaman una federación o cuasifederación, si bien es cierto que esta consideración también tiene sus detractores. Entre las fallas que se le atribuyen al modelo autonómico y que lo excluirían de esta clasificación, destacan el hecho de que no lleve el apellido federal en ninguna mención constitucional y no esté compuesto por unidades constituyentes, la escasa participación de las regiones en la elaboración de políticas centrales, la dependencia financiera de las CCAA o la debilidad del senado.

Sin embargo, en todo este debate juega un papel crucial la definición del problema. Como con cualquier otro asunto cuando abordamos ciencias sociales, el modo en que definimos un problema condicionará nuestros análisis y conclusiones. Lo que es evidente es que, al margen de las discrepancias, este es un paso que no nos podemos saltar: necesitamos una definición normativa sobre federalismo para poder operar con él. Algunos autores hacen una definición tan estricta y restrictiva de federalismo que resulta muy poco funcional. Wheare, después de estudiar el sistema federal por excelencia, el de los Estados Unidos, llegó a la conclusión de que solo había dos países más, Australia y Suiza, a los que se pudiera aplicar el calificativo de federales (Stein 1968). No obstante, cada vez va teniendo más peso la idea de que los límites del federalismo tienden a desdibujarse como en un cuadro impresionista, de forma tal que casi todos los países llamados federales presentan sus propias peculiaridades. En esta línea, Watts sostendrá que una federación es “un sistema compuesto de gobierno que combina un gobierno central fuerte con unidades constituyentes fuertes, cada uno de ellos con poderes delegados por el pueblo en virtud de una constitución, cada uno de ellos facultado para tratar directamente con los ciudadanos en el ejercicio de sus atribuciones legislativas, administrativas y fiscales, y cada uno de ellos con instituciones básicas elegidas directamente por los ciudadanos” (Watts 2008, p.10).

De esta definición concluirá que hay seis características comunes a los sistemas políticos federales (Watts 2008, p.9). A continuación iremos repasando cada una de ellas y analizando si el modelo español es o no respetuoso con su cumplimiento para tratar de aproximarnos a una respuesta: ¿es España federal?

La existencia de al menos dos órdenes de gobierno, uno para el conjunto de la federación y otro para las unidades regionales, donde cada uno actúa directamente sobre sus ciudadanos

El artículo 137 de la Constitución dice literalmente: “El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”. Observamos cómo la carta magna reconoce no solo dos, sino hasta cuatro órdenes de gobierno distintos. Atendiendo al nivel autonómico, las comunidades tienen su génesis, como es sabido, en los artículos 143 y 151 (llamados de vía lenta y vía rápida), esto es, su autonomía emana directamente de la Constitución y no del poder central. Además, cada comunidad autónoma posee un órgano legislativo unicameral electo según requerimientos constitucionales, un consejo y un presidente, así como una función pública administrativa (Agranoff 1997).

Una distribución constitucional de las competencias legislativas y ejecutivas y de las fuentes de ingresos

Esta característica permite establecer la garantía de autonomía de un orden de gobierno respecto del otro. Así, encontramos que el artículo 148 de la Constitución especifica las atribuciones que le son propias a las CCAA y las diferencia de las competencias que son exclusivas del gobierno central, las cuales se detallan en el artículo 149. Si bien se puede argumentar que la concreción de las facultades autonómicas ha de negociarse en los estatutos de autonomía, este es un hecho que ha conferido flexibilidad al sistema y, al mismo tiempo, ha otorgado mayor poder de presión a las regiones.

En lo que respecta a las fuentes de ingresos de las CCAA, España muestra una clara asimetría (especialmente en el caso de Navarra y el País Vasco) que, por otro lado, no es ajena a otras federaciones como Bélgica, Canadá, Rusia o India (Watts 2008). Hay que decir que la transferencia de competencias de financiación ha experimentado una evolución constante desde 1978, habiendo sido modificados los sistemas de financiación autonómica en repetidas ocasiones. En años anteriores a la crisis, el gasto central (51%) se repartía de forma uniforme con el de los órdenes autonómico (36%) y local (13%), lo que sitúa a España en la zona media de la tabla de los países federales, por encima de países como Estados Unidos, Bélgica, Canadá o Suiza, pero por debajo de otros como Austria, México, Australia o Brasil (Watts 2008). Utilizo deliberadamente los datos anteriores a la crisis porque, en los últimos años, la confrontación de las dificultades económicas ha conllevado una cierta recentralización (Colino 2012) que sería interesante abordar en otra ocasión.

 

 

La existencia de algún modo de representación de las diferentes visiones regionales en las instituciones federales

Suele mencionarse la debilidad del Senado español como una característica que aleja a España de la consideración de país federal. Es cierto que los estados de forma presidencial-congresual, como Estados Unidos y otras federaciones de Latinoamérica, presentan senados muy poderosos en comparación con el español. Sin embargo, las antiguas colonias británicas (Australia, India, Malasia, Canadá), así como la mayoría de federaciones europeas (Austria, Bélgica) han tendido a presentar senados débiles. En estos casos, la representación de los distintos puntos de vista regionales se ha basado menos en el Senado que en la representación dentro del consejo de ministros del poder central y de la defensa de los puntos de vista regionales por los partidos políticos de representación regional (Watts 2010). Algo parecido sucede en España, donde a un Senado débil lo compensa el papel central que los partidos regionales juegan en la formación de gobiernos y la adopción de decisiones, comportándose a menudo como auténticas bisagras del poder con capacidad para conceder y arrebatar la llave del gobierno. Recordemos el tripartito y el Estatut.

Una constitución suprema que no se pueda reformar unilateralmente

Si la Constitución pudiera reformarse unilateralmente por parte de las unidades componentes, estaríamos ante un sistema confederal; mientras que si fuera posible hacerlo unilateralmente desde el gobierno central, nos hallaríamos ante un sistema unitario. El modelo español, como el de todos los estados federales, requiere un procedimiento complejo y exige una mayoría cualificada para introducir cambios constitucionales. Se necesita una mayoría de tres quintos de los miembros de cada cámara o bien la mayoría absoluta del Senado y dos tercios de los votos en el Congreso (Artículo 167 de la CE). Y, para las reformas de más hondo calado, la Consitución prevé un procedimiento aún más restrictivo (Artículo 168) . Estos mecanismos proporcionan protección frente a posibles cambios constitucionales inducidos por intereses del gobierno central o de las CCAA.

Un árbitro para resolver disputas e interpretar la Constitución

Puede adoptar distintos nombres: en Estados Unidos, Australia o India es el Tribunal Supremo; en Suiza es el Tribunal Federal y en otros países, como Austria, Bélgica, Alemania o la propia España, es el Tribunal Constitucional.

Procesos e instituciones que faciliten la colaboración intergubernamental

El objetivo de estos mecanismos es servir a la resolución de conflictos y facilitar la adaptación a las circunstancias cambiantes (Watts 2010). España se caracteriza por un alto grado de negociación política (aunque a algunos líderes nacionalistas siempre les parecerá poca), una suerte de “federalismo cooperativo” por el que nuestro país ha desarrollado estructuras para favorecer la colaboración intergubernamental. Entre ellas destaca el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) o la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), sin olvidar las numerosas conferencias sectoriales o la Conferencia de Presidentes que encunbró Zapatero.

Conclusión

Parece pues, que España no encuentra muchas dificultades para acomodarse a los parámetros federales de los autores que llevan décadas estudiando el fenómeno. Si bien hemos observado la existencia de numerosas particularidades en nuestro modelo territorial, ya hemos señalado cómo a menudo los contornos de las federaciones se desdibujan, de forma que resulta harto complicado contar dos países federales iguales. Además, es hora de abandonar la errada creencia de que una federación ha de ser creada a partir de unidades constituyentes autónomas preexistentes. El proceso tiene lugar en dos direcciones, como ya señalara Stepan: bien por la unión de unidades separadas (coming together), bien por el mantenimiento de regiones que antes formaban un sistema unitario (holding together).

Pero, aun si asumimos, como advierten algunos autores, que esas peculiaridades apartan a España de la consideración federal, aun si concedemos hablar de un federalismo incompleto, nuestro país estaría muy próximo a él. Tanto que resulta difícil comprender que un partido político base toda su estrategia de campaña y su programa en la culminación de la sutileza federal. Y, en todo caso, las últimas elecciones catalanas debieron dejar claro al PSC la escasa predisposición ciudadana a abrazar sus postulados. Haciendo caso a Watts, lo que España debería hacer es dejar a un lado las disquisiciones estériles sobre su etiqueta nominal y analizar el sistema desde el punto de vista de su eficacia.

Nota: Es todo cuanto tengo que decir sobre este asunto. No voy a entrar en discusiones a través de redes sociales.

Cataluña y la miopía nacionalista

Decía Spengler que los griegos y los romanos eran incapaces de sentir el tiempo. Vivían en una sucesión finita de presentes, afectados por una miopía que los hacía incapaces para proyectar el futuro. Cuando se presentaba una contingencia, consultaban las páginas ya escritas y los caminos ya hollados, vueltos siempre los ojos al pasado. Sin embargo, hubo de suceder el día en que la retina histórica se restaurara, y vieran los hombres ampliarse el horizonte como lo ve el vigía al alzarse en el mástil de proa. Hubo de suceder digo, porque lo que distingue al moderno Occidente de sus clásicos antepasados es su vocación de mañana.

Según Ortega, el primero en invertir la tendencia será César. César no quiere emular a Alejandro, sino que parece contradecirlo. Renuncia al prestigioso pasado de Oriente y se vuelca en Europa. Se enfrenta a los viejos republicanos fieles al Estado-ciudad, a los conservadores que atribuyen al expansionismo todos los males de Roma. Apuesta por un Imperio que va más allá de un centro que manda y una periferia que obedece, e idea un gigantesco cuerpo social donde cada elemento es a la vez sujeto pasivo y activo del Estado. Ortega dirá: “tal es el Estado moderno”.

Efectivamente, Europa es heredera de ese ímpetu de futuro que moviera a César. Stuart Mill lo expresará así: “nos alabamos de ser el pueblo más progresivo que ha existido nunca”. 1789 será la fecha de la primera gran revolución de la Historia que no viene a recuperar el statu mancillado, sino que llega para imponer un orden alejado de toda experiencia y que solo ha sido “imaginado”. De sus riesgos nos avisará Lord Acton, que clasificará en tres los nocivos productos de aquel ensayo francés: el igualitarismo, el socialismo y el nacionalismo. De entre ellos, no dudará en señalar el nacionalismo como el más poderoso y, como si de una negra profecía se tratara, nos avanza que acabará con sus dos hermanos para imponerse.

Los peores presagios de Lord Acton no tardarán en cumplirse. La guerra francoprusiana dará origen a la edad dorada de los nacionalismos, cuyas más sangrientas creaciones verán la luz en el corazón de Europa, primero en 1914 y, más tarde, en 1939. Aleccionados por la barbarie y la destrucción desplegadas, los europeos entonaremos nuestro propio “never again” y erigiremos una Unión Europea que conjure el fantasma del nacionalismo, salvaguarde la democracia y mire al futuro. Se abrirá paso, así, una nueva etapa caracterizada por la voluntad integradora y volcada en la convivencia.

Sin embargo, el nacionalismo catalán parece ajeno al discurrir de los tiempos, y sigue retoñando allá y acá, cada cierto tiempo, sin resignarse a abandonarnos nunca y planteando nuevos retos que dificultan ese “conllevar” que arrastramos desde hace más de un siglo. Los nacionalistas han recaído en la vieja miopía que afectara a los antiguos y solo aciertan a volver las córneas al pasado. Porque no es el nacionalismo cosa progresista alguna, al contrario. Ortega afirmará: “El Estado no es consanguinidad, ni unidad lingüística, ni unidad territorial, ni contigüidad de habitación. No es nada material, inerte, dado y limitado. Es un puro dinamismo --la voluntad de hacer algo en común--, y merced a ello la idea estatal no está limitada por término físico ninguno”. Renan lo dirá en dos palabras que ya forman parte del imaginario europeo: la nación es un “plebiscito cotidiano”. Pero los nacionalistas catalanes siguen apelando a la lengua, la cultura y las fronteras para propagar su mensaje disgregador.

Cuando alegan que la lengua hace la nación, recuerdo a Strauss y Mommsen defendiendo que podían demostrar científicamente que Alsacia era alemana porque sus habitantes hablaban mayoritariamente alemán. No obstante, suele ocurrir que el hecho de que en un territorio se hable una lengua es fruto de la imposición de una unidad política anterior, y no al revés. Es decir, como consecuencia de la unidad política se fomenta la homogeneización lingüística, y lo mismo podemos afirmar con respecto a la cultura. Si hubo un día en que los napolitanos hablaron catalán, no fue porque pertenecieran a la nación catalana, sino resultado de conquistas e imposiciones políticas. Por este mismo motivo, no puede afirmarse que peruanos o argentinos formen parte de la nación española, por mucho que compartamos la misma lengua.

Pero el problema no solo reside en una perpetua evocación del pasado, sino que pasa por reescribirlo y mitificarlo. Así, quieren convencernos de que lo que fuera una guerra de sucesión se trató en realidad del atropello de la nación catalana, sometida desde entonces a una España que lleva 300 años oprimiéndola y expoliándola. Esto es lo que nos contaba Artur Mas en la Diada del pasado 11 de septiembre, en un intento de remover las tripas al pueblo, aunando pasado y economía, para tratar de salvar los muebles de su mala gestión. El inconveniente de querer reinventar lo pretérito es que a uno siempre lo acaban delatando los libros de Historia. Y lo mismo sucede con la economía. Cataluña despegará económicamente una vez que Carlos III, un rey Brobón, autorice el libre comercio con América que había sido denegado antes por la dinastía de los Habsburgo. De igual modo, durante todo el siglo XIX se practicarán políticas proteccionistas destinadas a beneficiar a la industria catalana. Ya en en el siglo XX, la burguesía que después abrazaría el nacionalismo se mostrará partidaria de Primo de Rivera como mejor garante de sus intereses. Y en 2013 llaman expolio a lo que no es sino un sistema de redistribución autonómico. Cataluña paga más de lo que recibe, como pagan más Madrid o Baleares. Lo que los nacionalistas no se atreven a decir es que lo que les molesta no es el falso expolio, sino el régimen solidario.

Pero lo más interesante es la nueva dimensión política que está cobrando el asunto. Lo que nos presentan CiU y ERC es un “sujeto político y jurídico soberano” llamado Cataluña. Según esta descripción, cabría pensar que Cataluña es una señora. Sin embargo, el trasfondo es mucho más grave por cuanto trasluce una entidad colectiva que siente y actúa unívocamente. Los ciudadanos catalanes pasan a ser simplemente Cataluña. Y su permanencia o no en España ya no atañe al conjunto de la ciudadanía española, sino que compete exclusivamente a este nuevo “sujeto político y jurídico soberano”. Así, arrogada del “derecho a decidir”, Cataluña preguntará a los catalanes si quieren formar un Estado propio. ¿A los catalanes de los territorios históricos de aquella gran nación que fue? No exactamente, no sea que pierdan el referéndum. Preguntará a quienes residan en las provincias catalanas delimitadas por el estado español.

 

Como sea que la citada consulta contradice los postulados de la Constitución, es bastante probable que la señora Cataluña no vaya a marcharse a ningún sitio. Y, así, nos iremos a dormir y nos despertaremos de nuevo en este perenne suceder de presentes sin vocación de mañana de que hablara Spengler. En la penitencia del “conllevar” que nos impusiera Ortega. Feliz Día de la Marmota.

La metamorfosis en la elección de los representantes: crítica y comentario de Bernard Manin (III)

Los partidos socialistas o socialdemócratas no han sabido reaccionar para hacer frente a las modificaciones que se operaban dentro de su propio electorado y, a menudo, continúan ofreciendo un discurso marcadamente obrerista. Esto explicaría por qué el voto de izquierda se ha vuelto más volátil, mientras que el de derecha sigue mostrando mayor fidelidad al partido. De ser así, sería más acertado hablar de crisis del socialismo que de crisis de representación. 

Pero, a pesar de las dificultades que siguen encontrando los partidos socialistas para redefinir su discurso, esto no significa que hayan sido ajenos a las transformaciones socioeconómicas acontecidas en el último medio siglo. De hecho, los partidos socialdemócratas continúan ganando competiciones electorales en no pocos países occidentales y siguen siendo alternativa de gobierno en mucho otros. Lo que ha sucedido es que la extensión de una clase media mayoritaria y la difuminación de las líneas de fractura social tradicionales ha obligado a los partidos con vocación de gobierno a competir por el centro del espectro ideológico. La izquierda se ha vuelto centro-izquierda, mientras la derecha es ahora centro-derecha, y esto está directamente relacionado, a mi entender, con la personalización del voto que Manin no acertaba a explicar. La homogeneización ideológica de los partidos ha forzado a los políticos a buscar la diferenciación por otros cauces, esto es, en los atributos personales del candidato. Aun cuando es posible encontrar divergencias en las políticas económicas y sociales del centro-izquierda y el centro-derecha, el votante percibe cada vez menos diferencias en las actuaciones de los distintos partidos, por lo que la personalización se ha convertido en un instrumento electoral crucial.

Esta homogeneización ideológica de los partidos con aspiraciones de gobierno permite también explicar la creciente volatilidad electoral que señalaba Manin. No parece evidente que este suceso se deba tanto a un aumento de la brecha entre representantes y representados, cuanto al hecho de que cambiar el voto ya no supone un salto ideológico tan importante como lo habría sido durante la democracia de partidos. Si, en 1900, resultaba harto improbable que un obrero fabril cambiara su voto del partido socialista al conservador, en la actualidad, la menguante distancia que separa a socialdemócratas y democristianos hace más viable y menos traumático un trasvase de votos.

Aunque Manin no habla de esta homogeneización ideológica que advertimos, sí es consciente de que las fracturas sociales ya no son las que eran hace medio siglo. Por eso se refiere a la necesidad de los candidatos de trazar sus propias divisiones del modo que resulte más rentable en términos electorales. El autor afirma que las divisiones políticamente más eficaces son las que se corresponden con las preocupaciones del electorado, razón por la que el proceso, dice, tiende a producir una convergencia entre los términos de la opción electoral y las divisiones entre el público. Sin embargo, solo un par de páginas más adelante, el mismo Manin parece contradecirse al afirmar, siguiendo a Schumpeter, que, en política, no hay una demanda independiente de la oferta, es decir, que los individuos no tienen “voliciones bien definidas e independientes de las propuestas políticas”. 

Para finalizar, Manin pasa por alto otro suceso que tiene lugar a partir de 1950 y que puede explicar también la creciente personalización de la política. A mediados del siglo XX, tiene lugar una revisión del viejo sistema parlamentario de fuertes asambleas, por el que el parlamento pasa de tener un gran poder (de desestabilizar al gobierno) a convertirse en un apoyo del poder ejecutivo (aunque este no deja de estar sometido al control de la cámara). Este modelo fue bautizado por Mirkine-Guetzevitch como “parlamentarismo racionalizado”. Ya no se trata de una democracia burguesa, sino de todo el pueblo. Tampoco hablamos de un sistema endogámico de una clase social hegemónica. El gobierno es resultado de la confrontación y convivencia de valores distintos provenientes de distintos sectores de la sociedad. Se fortalece la capacidad del Gobierno para gobernar y se reduce la del parlamento para desestabilizar al ejecutivo. La consecuencia de este ejecutivo fortalecido es una deriva progresiva hacia el presidencialismo, lo cual explica la creciente personalización de la opción electoral. Además, este sistema nos permite superar las limitaciones que planteaba la explicación de Manin, que hablaba de una élite de gobernantes carismáticos y expertos en comunicación en la que no encontraban acomodo líderes como Mariano Rajoy. En el parlamentarismo racionalizado, el liderazgo no se construye con carisma o atributos personales, sino por acumulación de jefaturas. El presidente está pertrechado de instrumentos para ejercer una dirección fuerte de la política: él goza de la confianza y la elección del parlamento, él constituye y controla su gobierno, él lidera su partido y también su grupo parlamentario.

Estas son las consideraciones y críticas que me suscita la obra de Manin, trabajo que, por otro lado, acierta plenamente en su conclusión general: el gobierno representativo no está en crisis, solo asistimos al auge de una nueva élite gobernante. Seguramente, el grave contexto económico que vivimos obligará a reescribir la literatura sobre elección de los representantes. Hasta que eso se produzca, seguiremos diciendo de Manin: brillante en el “qué”, cuestionable al responder “por qué”.

La metamorfosis en la elección de los representantes: crítica y comentario de Bernard Manin (II)

Llegados a la última etapa del gobierno representativo, la democracia de audiencia, se produce un retorno a las relaciones personales entre representantes y representados, motivo por el que al inicio de esta serie señalábamos que la selección de los representantes ha experimentado un cambio circular. Este es el aspecto más controvertido de la teoría de Manin, en el que considero que, a pesar de acertar con la definición de la transformación operada, no alcanza a dar respuesta de la causa de esa modificación. O, si se quiere, Manin da en la diana con el “qué”, pero no responde satisfactoriamente “por qué”. Efectivamente, se ha producido una vuelta a las relaciones personales, una creciente personalización de la oferta electoral y un aumento significativo de la volatilidad electoral. Pero, ¿por qué?

Manin señala que el retorno a la naturaleza personal de la relación representativa se debe a la preponderancia de los medios de comunicación de masas, que permiten al candidato comunicarse directamente con el electorado sin la mediación del partido. Este fenómeno ha posibilitado un cambio en la selección de élites, de modo tal que los nuevos gobernantes ya no son burócratas ni activistas de partido, sino expertos en comunicación. Por otro lado, el autor señala la importancia de un entorno que se ha hecho progresivamente más complejo a causa de la interdependencia económica, y que ha motivado una pérdida de peso de los programas electorales, trasladado ahora a la confianza inspirada por el líder.

Ambas explicaciones me parecen insuficientes. Los medios de comunicación de masas juegan un papel sin duda relevante en el proceso político. Sin embargo, radio y televisión ya eran medios generalizados cuando la democracia de partidos aún no había evolucionado hacia la democracia de audiencia, sin que por ello dejase de predominar la fidelidad al partido frente a la confianza en un candidato. A este respecto ayudaría bastante que Manin estableciera una fecha de inicio para esta última etapa del gobierno representativo, pues la aproximación “en los últimos años” parece demasiado vaga. En lo que refiere a la complejidad creciente del ámbito de competencias de los políticos, es cierto que este hecho ha tenido lugar como resultado de un mundo progresivamente globalizado por los mercados internacionales y las nuevas tecnologías. Sin embargo, ello no implica que su consecuencia directa sea el declive de los programas electorales y la personalización del voto. De hecho, el propio Manin, cuando habla de la democracia de partidos, resta importancia al papel que desempeñaban los programas en aquella etapa, considerando que el verdadero motor electoral era la identidad de clase, mientras que el programa solo cumplía la función de movilizar el entusiasmo de los propios activistas y burócratas del partido. Por último, la creciente personalización del voto, aunque indiscutible, ha de ser matizada, pues no se trata de un fenómeno homogéneo ni que se dé con la misma intensidad para todos los partidos. Basta con echar un vistazo a nuestro propio sistema electoral y posar los ojos sobre el Partido Popular: Mariano Rajoy no es un líder carismático con grandes dotes comunicativas. Sin embargo, el electorado del PP, a diferencia del socialista, es llamativamente estable y fiel.

Por todo ello, creo que la clave para entender la personalización del voto ha de encontrarse en otra parte. Concretamente, en un aspecto del análisis que Manin hace en la democracia de partidos y que, llegados a la democracia de audiencia, incomprensiblemente, parece pasar por alto. Manin señalaba acertadamente cómo el auge de los partidos de masas tenía mucho que ver con el sufragio universal, la revolución industrial y la aparición de la clase obrera. No obstante, sorprendentemente, cuando la fidelidad al partido es sustituida por la personalización del voto no es capaz de volver la vista a esos mismos fenómenos para encontrar una causa. Después de la Segunda Guerra Mundial y, especialmente, tras la caída del muro de Berlín, se producen algunas transformaciones que habrán de determinar la representación política actual. Por un lado, el fin de la guerra fría pone fin a la lucha de las ideologías, algo a lo que Fukuyama bautizaría como “el fin de la Historia”. La caída del comunismo marca también el declive del socialismo en todo el mundo. Por otro lado, recuperada de la devastación dejada por la Segunda Guerra Mundial, la estructura social europea experimentará una honda transformación: la conversión de la clase obrera en clase media. La sociedad ya no está dividida por grandes fracturas socioeconómicas, sino que predomina una vastísima clase media. El mundo resultante de estos dos acontecimientos puso fin, de un plumazo, a la lucha de ideologías y a la lucha de clases; y el gran damnificado de este proceso no podía ser otro que el mismo que había protagonizado la era de los partidos de masas: el socialismo.

La metamorfosis en la elección de los representantes: crítica y comentario de Bernard Manin (I)

La historia del gobierno representativo ha estado marcada, desde su formulación tras la Revolución Gloriosa en Inglaterra, por amenazas que ponían en cuestión su vigencia, así como por voces de alarma que aseguraban que la representación atravesaba una grave crisis. Sin embargo, el suceder de los siglos se ha encargado de desmentir a los agoreros: transcurridas más de tres centurias desde que se construyera la arquitectura del gobierno representativo, encontramos que este sigue gozando de buena salud. No solo no se han podido confirmar las teorías que especulaban con su crisis, sino que el modelo puede considerarse más que exitoso si tenemos en cuenta que, desde su instauración, no ha hecho sino extenderse, hasta el punto de que nunca antes el gobierno representativo había sido abrazado como marco organizativo por tantos países como en la actualidad. Hoy, desoyendo las enseñanzas de la historia, son muchos los que han vuelto a desempolvar las viejas profecías de la crisis representativa, levantando dudas sobre la salud del sistema. Ante la reeditada controversia, Manin da un paso al frente para defender la legitimidad del modelo y ofrecer una explicación argumentada de los fenómenos de transformación que se han venido operando en las últimas décadas. Así, la conclusión de Manin es que el gobierno representativo no está en crisis, sino que, simplemente, estamos asistiendo a un cambio en los tipos de élites seleccionadas.

Efectivamente, no nos hallamos ante una desviación de los principios del gobierno representativo: la democracia actual conserva el carácter elitista que comporta la representación. La propia elección introduce un sesgo elitista que ha prevalecido desde los albores del parlamentarismo inglés, trasladándose más tarde a la democracia de partidos y ahora a esta democracia de audiencia que describe Manin. Pero la legitimidad vigente del gobierno representativo no reside únicamente en el mantenimiento de esa distinción elitista. De hecho, esta es la característica que más críticas al sistema despierta, por lo que la defensa de una representación legitimada ha de pasar por una serie de argumentos que refuercen su deseabilidad y perpetuación. Y es en este sentido donde Manin ofrece un trabajo más completo acerca de las razones por las que es posible afirmar que el gobierno representativo no está en crisis.

Para defender su teoría de la metamorfosis del modelo frente a la tesis de la crisis, Manin examina los cuatro principios que, a su entender, no han dejado de actuar desde que se implantara el gobierno representativo: la elección de representantes a intervalos regulares, la independencia parcial de los representantes, la libertad de la opinión pública y la toma de decisiones tras el proceso de discusión. Si bien el autor hace un trabajo magnífico e impecable en cada uno de los principios considerados, estimo que es el primero de ellos, la elección de los representantes, el que ofrece lugar más amplio a la discusión, la polémica y la crítica, lo que lo convierte, por el mismo motivo, en el más interesante. Por ello, las líneas que siguen contienen una crítica y comentario de la descripción y explicación que Manin ofrece en su libro Los principios del gobierno representativo para la metamorfosis en la elección de los representantes.

La elección de los representantes ha experimentado una transformación histórica que casi podría describirse como circular. En el parlamentarismo, la elección fue concebida como un medio a través del cual catapultar al gobierno a personas que gozaban de la confianza de sus conciudadanos. Los representantes formaban parte de una élite de notables, hombres preeminentes, dotados de grandes recursos y reconocimiento público, que pertenecían a la misma comunidad social que los representados, con los que establecían, de este modo, una relación personal. 

Posteriormente, la introducción del sufragio universal que daría paso a la democracia de partidos modificaría hondamente la naturaleza de la elección. La ampliación del electorado dio origen a los partidos de masas que caracterizarían este periodo histórico. Las relaciones personales que se habían establecido en el parlamentarismo ya no eran posibles en el nuevo escenario. Así, los colores del partido sustituirían la confianza como motor del voto. Algunos creyeron ver en el surgimiento de los partidos de masas el fin del elitismo: el nuevo modelo habría de acabar con el gobierno de los notables, llevando al poder al “hombre común”. Sin embargo, pronto Robert Michels se encargó de aguar la fiesta a los defensores de esta postura. Su ley de hierro de la oligarquía demostró que el elemento elitista continuaba estando presente y que la única diferencia respecto del parlamentarismo consistía en el proceso selectivo. Ya no se seleccionaban notables, sino burócratas de partido, una nueva élite que se distinguía por su activismo y unas dotes organizativas sobresalientes. En este punto, Manin hace uno de los análisis más acertados de todo su trabajo: el sufragio universal y los partidos de masas son consecuencia de la revolución industrial y del auge del obrerismo. El surgimiento de la clase trabajadora crea unas líneas de fractura socioeconómica muy marcadas, lo que se traduce en sistemas electorales muy estables, donde el voto responde a la división de clase. No es casualidad que, como bien señala Manin, la predominancia de la clase obrera coincida con el apogeo de los partidos socialistas, algo a lo que volveremos posteriormente.

Obama y el control de las armas: el poder de los lobbies

La matanza de Newtown parece haberse convertido en un focusing event para introducir en la agenda pública de los Estados Unidos el control de armas. Obama llamó en el discurso pronunciado tras la tragedia a actuar para cambiar las cosas, alegando que no podemos aceptar que “la violencia que ataca a nuestros niños año tras año es solo el precio que pagamos por nuestra libertad”. Hoy, la sociedad americana y los medios de comunicación debaten en la calle, en los editoriales y en las tribunas de opinión acerca de la necesidad de implantar leyes más restrictivas sobre la tenencia de armas. El metal tranquilo de la voz del presidente y su capacidad para conquistar por medio de la palabra han hecho creer a muchos que Obama podría llegar a conseguir su objetivo. Además, el estado de conmoción en que se ha sumido la ciudadanía estadounidense después de un ataque de estas dimensiones hace pensar que quizá se haya alcanzado el clima social propicio para poder endurecer las leyes. No obstante, aunque nadie duda de la capacidad de un líder que ha logrado aprobar el ObamaCare, son muchos los que recuerdan que el presidente habrá de vérserlas con un enemigo poderoso: la Asociación Nacional del Rifle (NRA).

Incluso si Obama contara con el respaldo mayoritario de la población y pudiera vencer las resistencias de un número suficiente de republicanos preocupados por la seguridad de sus hijos para aprobar las medidas, la NRA seguiría constituyendo un obstáculo feroz. Y es que, aunque a algunos les parezca sorprendente, el poder que tienen los grupos de interés en Washington es enorme. El origen del peso político creciente de los lobbies se remonta a los años 60, y hay un trabajo estupendo de Fareed Zakaria que lo explica detalladamente.

Para ponernos en situación debemos remontarnos al país que era Estados Unidos después de la II Guerra Mundial. La gran empresa que planteaba el conflicto hizo que aquellos fueran años de un gran patriotismo, solidaridad y espíritu cívico. Sin embargo, superada la guerra, la sociedad americana devino más competitiva e individualista, atributos que unidos a la estabilidad política trajeron la desconfianza y la desafección ciudadanas por la política. Para tratar de poner remedio a este fenómeno se pensó entonces en “democratizar la democracia”, haciendo las instituciones más abiertas, sensibles y transparentes. Y, efectivamente, el Congreso se hizo más abierto y sensible, especialmente al dinero y los grupos de presión. Los reformistas americanos habían pasado por alto a Robert Michels, pero su ley de hierro de la oligarquía no tardó en cumplirse: los estadounidenses no tenían tiempo ni ganas de controlar el Congreso todos los días. Pero los lobbies sí. Así, las modificaciones diseñadas para permitir el gobierno de la mayoría se tradujeron, paradójicamente, en el gobierno de las minorías.

Además, la aprobación de las llamadas leyes Sunshine, que obligaban a una discusión abierta de todas las actividades públicas, permitió a los grupos de interés condicionar y distorsionar el debate político. El voto individual de los parlamentarios ya no era tenido en cuenta únicamente dentro de un recuento general, sino que se hacía público. Cuando los lobbies conocieron esa información comenzaron a usarla como un arma, y la diplomacia y la cautela por temor a su poder se fueron imponiendo en los pasillos del Congreso. El resultado fue la práctica esclerotización de la cámara, así como el origen de un buen número aberraciones. Por ejemplo, sucede que la mayor parte de los programas públicos norteamericanos son eternos, aunque hayan dejado de cumplir la misión para la que fueron creados. El caso más paradigmático de esto que relato es el de las subvenciones de mohair. El mohair era el tipo de lana con el que se fabricaban los uniformes militares, por lo que fue declarado “bien estratégico esencial” y decidió subvencionarse la producción de lana. Cuando años más tarde la confección pasó a realizarse con fibras sintéticas, la presión de los lobbies fue tal que hubo de mantenerse la subvención a los productores de lana, a pesar de que ya no fuera necesaria.

El grupo de presión se ha convertido en una actividad muy rentable, tanto desde el punto de vista económico como en términos de poder político. Aunque nadie cuestiona que defienda intereses legítimos, su modo de proceder distorsiona el debate político, paraliza el Congreso y despierta el malestar de los ciudadanos. El problema es que la institución más importante para poder mediar entre los lobbies y los políticos, esto es, los partidos, parece haber dejado de existir en Estados Unidos. Zakaria sostiene que la bala que mató al partido político provino de las elecciones primarias. Hasta ese momento, los partidos tenían la función de designar al candidato, decisión más importante en una competición electoral. Sin embargo, cuando esta tarea fue trasladada al votante, el partido quedó desprovisto de su papel central.

La paradoja que subyace bajo las enseñanzas de Zakaria es que más democracia no implica necesariamente mayor libertad. Al contrario, Barack Obama se enfrenta a un enemigo poderoso. Sus opciones de éxito sobre el control de las armas dependerán de su habilidad para actuar antes de que la NRA pueda organizarse. Si las casas de apuestas recogieran este enfrentamiento, las previsiones darían como vencedor al gran lobby del rifle. Sin embargo, yo me guardaré mucho de lanzar mi pronóstico. No seré yo quien le sostenga la mirada a Obama cuando dice, con lágrimas en los ojos: “We must change”.

La juventud indignada (1929-2012)

La España de hoy se parece un poco a la de 1929. Entonces, como ahora, se vivía una situación de crisis económica profunda, después de años de gran bonanza y modernización del país. En ambos casos la cuestión catalana se convierte en un asunto de Estado que divide a la sociedad y pone en jaque al gobierno. Y también el final de la dictadura de Primo de Rivera estuvo marcado por el descontento social, especialmente juvenil, que ahora protagoniza los albores de la legislatura de Rajoy. No obstante, entre los dos periodos históricos que nos ocupan median algunas diferencias que no son menores, y que vale la pena recordar para poder entender y analizar mejor lo que está pasando en este año 2012.

Huelga decir que la España de los años 20 vivía bajo una dictadura. Una dictadura, si se quiere, que no fue un régimen brutal, pero que, por decirlo con Shlomo Ben Ami, se caracterizó por “la censura, la supresión de los derechos políticos y constitucionales y una mezcla cotidiana de vulgaridad y arbitrariedad”. La burguesía catalana, que no se recataba en admitir que había apoyado el encumbramiento de Primo de Rivera, pronto se sintió traicionada por un dictador cuya actitud hacia la cultura catalana y política financiera se les antojaba inadmisible. Hoy, las élites nacionalistas también se enfrentan al gobierno central apelando a cuestiones económicas y de identidad, con la diferencia de que nuestro país disfruta ahora de una democracia constitucional, así como de derechos y libertades individuales.

Pero el descontento de 1929 no solo se dejaba sentir en las calles de Barcelona. La dictadura de Primo de Rivera había emprendido un proceso de “desarcaización” de España que habría de tener consecuencias sociales. El desarrollo material y la modernización habían abierto una brecha insalvable con el inmovilismo y la autocracia políticos, problema al que también tendría que enfrentarse Franco a partir de los años 60. Así, la desfeudalización de España pronto comenzó a notarse en la universidad, donde afloraron la cultura de la libertad y la concienciación política. La juventud de ayer, como la de ahora, suponía un serio quebradero de cabeza para el ejecutivo, aunque también aquí observamos divergencias notables. Puede que, como afirmaba Alcalá Galiano, el estudiante de entonces fuera vanidoso, antipático y pedante, llevara gafas con montura de cuerno y capa española, y solo atendiera a órdenes de Moscú. Sin embargo, su oposición al gobierno no dejaba de ser la oposición a un régimen antidemocrático. Estos jóvenes esgrimían consignas claras y no dejaban lugar a dudas respecto de sus pretensiones: eran republicanos y antimonárquicos. Como los de ahora, daban muestras de ingenio e ironía, y no tardaron en hacer aparecer una pintada en el palacio real, donde podía leerse: “Se alquila”. Esta disidencia se agrupó en torno a la Federación Universitaria Estudiantil (FUE), que desarrollaba una frenética actividad política y cuya aspiración era atraer a su causa a sus referentes intelectuales, entre los que se contaban Ortega, Marañón, Unamuno o Fernando de los Ríos. Para la FUE estas figuras encarnaban la “autoridad legítima” que podía conducir a la “soberanía de la ley”. Sus integrantes, como los “indignados” de nuestros días, ya no eran de clase obrera, e incluso Trotsky hubo de reconocer que “los desórdenes estudiantiles reflejaban una preocupación puramente burguesa” (Ben Ami, 1978).

Los jóvenes de 2012 no combaten una dictadura, sino un gobierno elegido democráticamente. Los manifestantes indignados y simpatizantes del movimiento 15-M tienden a olvidar que la acción de gobierno ha sido refrendada por una mayoría absoluta de españoles, lo cual significa que el ejecutivo actual goza de legitimidad. Cuando se apela al incumplimiento del programa electoral se olvida que no existe el mandato imperativo y que ello no se debe a oscuras razones antidemocráticas, sino a una medida en pro de la gobernabilidad. De Locke a Manin, la ciencia política ha subrayado la importancia de que los gobiernos dispongan de ciertas prerrogativas y poderes discrecionales que les permitan hacer frente a lo imprevisto. Es decir, los gobernantes han de vivir al día, y situaciones de dificultad como la crisis económica que padecemos no hacen posible el cumplimiento íntegro de los programas electorales. Por otro lado, suele reprocharse a los indignados su falta de atino asertivo. Si los jóvenes de 1929 querían el fin de dictadura y de la monarquía, los de ahora no han sido capaces de articular sus demandas de forma clara. Además, su estrategia de actuación produce cierta inquietud y levanta no pocas dudas acerca de su efectividad: si antes relatábamos cómo los estudiantes que se oponían a Primo de Rivera se habían agrupado en torno a la FUE, los indignados han renunciado a todo cauce que pueda proveer el Estado, amparados en un discurso que raya peligrosamente en el alegato antipolítico. Del mismo modo, si los referentes de ayer eran Marañón y compañía, los jóvenes de hoy parecen haberse desprendido de ellos. No se divisan figuras sobre las que recaiga una autoridad aceptada como legítima, como no sea, tal vez, Stephane Hessel, cuya definición se ajusta mejor al paradigma del agitador que al del intelectual clásico.

En definitiva, pareciera que la juventud hubiera dejado de abrazar el juego político y reclamara el timón mismo de la nación. Esto no significa que los indignados sean antisistema, como se pretende establecer desde ciertos sectores. O, si se quiere, no lo son más que en la medida en que se sienten excluidos del sistema. Tampoco pueden ser considerados revolucionarios, en tanto en cuanto no persiguen subvertir el orden existente para implantar uno nuevo. La otra cara de esta moneda es que la suya no es, por tanto, una “destrucción creativa”, lo cual hace que algunos empiecen a acordarse de aquel Nietzsche que anunciaba: “veo subir la pleamar del nihilismo”. En cualquier caso, nihilismo o descontento pequeñoburgués, el malestar popular tiene una explicación sencilla: décadas de crecimiento económico han hecho a las nuevas generaciones herederas de un bienestar que perciben distorsionadamente como algo natural, y no como el fruto de un trabajo acometido por individuos. Consecuentemente, ante una situación de crisis como la que vivimos, se ha producido una frustración de expectativas que se deja sentir en las calles. Y es lógico que así sea, dadas las cifras económicas y los datos de paro que arrojan los informes. El problema es que esta negación de la política y la reivindicación de la “acción directa” empiezan a recordar a la “hiperdemocracia” de la que hablaba Ortega. Ya no basta con que se cumpla la “soberanía de la ley” ni se acepta el juego de delegar la toma de decisiones en unos representantes electos. Y esta voluntad de decisión directa que muestran los jóvenes conlleva el riesgo de querer dar vigor de ley a lo que el filósofo llamaba “tópicos de café”.

Mientras tanto, el panorama económico y laboral a medio plazo continúa siendo desolador, y los jóvenes son los peor parados de esta crisis. La gravedad de la situación exige dejar las pancartas ingeniosas y grandilocuentes, y buscar cauces de participación política que permitan la organización del descontento. El impago de la deuda, el despido de los políticos o la salida del euro, son demandas que deberían ser desterradas de una vez por todas con el resto de tópicos de café. En la Puerta del Sol, donde todavía resuenan los ecos de las voces que aclamaron a Ortega y pidieron la soberanía de la ley hace casi un siglo, hoy encontramos un cartel que reza: “Las putas insistimos, los políticos no son nuestros hijos”. Y, no: no es esto.