En la muerte de David Taguas

La primera vez que hablé con David Taguas fue hace solo unos meses. Yo volvía de viaje, conduciendo, seguramente escuchando un disco de Van Morrison o puede que un partido de fútbol. Sonó el teléfono y el manoslibres del coche me devolvió la voz inconfundible del que había sido jefe de la Oficina Económica de Zapatero. Habló durante casi una hora, porque a Taguas le gustaba alargar las llamadas; una hora que fue una lección de historia de la socialdemocracia sueca. Recuerdo lamentarme, ya entrando en Madrid por la A1, de tener que sortear el tráfico en lugar de detenerme para poder tomar notas.

 

Taguas hablaba mucho, con esa voz grave y áspera que podía inducir a equívocos: “No es que esté enfadado -bromeaba hace solo unas horas en la Cadena Ser- es que mi voz suena así por la mañana. Yo mismo me asusto a veces”. Y no se enfadaba, pero tenía la vehemencia de los apasionados, y suele ocurrir que las pasiones le gravan a uno la salud, como un impuesto macabro. Después de aquella cita en la Autovía del Norte, David y yo hablamos muchas veces. Yo jugaba a arreglar el socialismo y él me tomaba en serio. Yo le decía: vamos a transformar el partido, y él me ofrecía consejo.

 

Hace unos días presentó su libro en Madrid, aún con las páginas calientes y la tinta fresca, después de muchos meses de trabajo. Allí estaba, en primera fila, Zapatero, porque a los leales nunca se les deja. Entonces pregunté a David, sala abarrotada, micrófono en mano, por el revisionismo del actual PSOE respecto del último Gobierno. El público se removió incómodo en la silla, pero Taguas no se amilanó; no se amilana aquel a quien la pasión lo lleva en hombros. Se fue creciendo, como el Stairway to Heaven de Led Zeppelin, para clausurar el acto con un elogio de las políticas de mayo de 2010 y un rechazo del actual rumbo socialista.

 

Cuando todo hubo terminado, cuando no le quedaba ya un libro por dedicar, ni una cámara más ante la que posar, cuando se hubieron marchado todos los periodistas y cejaron las llamadas de la radio; ya en casa, David me llamó. Aún le quedaban ganas de hablar un rato. Lo vi exultante. Programamos cafés y reuniones y nos fuimos a dormir: un besazo, guapísima, porque David era encantador, aunque su voz quisiera desmentirle. Recuerdo también a su hijo, un chaval que tendrá mi edad o un poco más: te pareces a tu padre, yo tengo mejor carácter, ríe él. Se ha puesto americana y chaleco para la presentación del libro de David, y lo persigue entre la gente para sacarse una foto, orgulloso, como solo los hijos lo estamos de nuestros padres.

 

Junto a la columna de menciones de mi TweetDeck, sigo viendo los mensajes privados que intercambié con David, ayer mismo, por la tarde. Veo su avatar, su mirada recia, su cuenta, que sigue abierta y asegura que me sigue. Pienso que el mundo virtual es absurdo y vuelvo a mis asuntos. Encuentro mi libreta tal como la dejé anoche, antes de acostarme. Los últimos apuntes hablan de gasto público, ahorro, déficit, proyectos de inversión. En el encabezado, con letras mayúsculas, puede leerse: TAGUAS. Cómo continuar jugando a arreglar el socialismo si David no está para escuchar lo que digo. Así que cierro también el mundo de papel, que no tiene mayor sentido. Salgo a la calle. Nada, no hay atisbo de razón: es una ironía muy desagradable que los jacintos hayan florecido justo hoy.

La disciplina de partido: una perspectiva histórica

En las últimas semanas ha vuelto a brotar con fuerza el debate en torno a la disciplina de partido. Sucede, como con casi todo, que sus detractores y defensores varían en número en función de la materia que ocupa el lugar de discusión en cada momento, de tal suerte que la disciplina de voto aparece como deseable o deleznable según convenga o no a los intereses de unos y otros. Los partidarios de una ley de plazos para el aborto, por ejemplo, estiman que la votación de una reforma de la norma debe respetar la libertad de conciencia de los diputados. En otras ocasiones, sin embargo, hemos visto apelar al principio de disciplina para tratar de deslegitimar un resultado indeseado: tal es que el caso del famoso ‘tamayazo’, que dio la victoria electoral al PP de Esperanza Aguirre en Madrid hace algunos años.

Que las partes modulen sus opiniones y actuaciones para favorecer sus intereses no es algo que debiera sorprendernos. Al contrario, se trata de un comportamiento racional. El problema es que, algunas veces, la agregación de preferencias aparentemente racionales puede conducir a un callejón de intransitividad. Así, con frecuencia encontramos que los mismos que recuerdan la inconstitucionalidad del mandato imperativo para exigir autonomía parlamentaria, solicitan después su implantación para establecer una vinculación entre los programas electorales y la iniciativa de Gobierno (léase Pablo Iglesias o Alberto Garzón).

Sea como fuere y aunque nuestra Constitución prohíba el mandato imperativo, el hecho de que los partidos establezcan reglamentos para la disciplina de voto no responde tanto a una arbitrariedad de carácter autoritario cuanto a una necesidad histórica. La ampliación del sufragio a partir de la segunda mitad del siglo XIX provocó una honda transformación en la naturaleza de la democracia, que pasó de estar dominada por una élite de notables a constituirse como un gobierno de partidos. La extensión del electorado y el surgimiento de los partidos de masas hacían imposible la relación personal/clientelar entre fideicomisarios (como los llamó Burke) y ciudadanos que había dominado el viejo parlamentarismo. Desmantelados los antiguos lazos de la representación se urdieron unos nuevos, que sustituyeron la confianza personal en los notables por la fe en el partido. El voto pasó a reflejar una identidad de clase y el diputado se convirtió en un delegado que ya no era libre para votar de acuerdo con su conciencia.

Durante la Segunda República, España también ensayó su democracia de masas, aunque, por distintos motivos, el experimento sería un fracaso. La constitución republicana no recogía ninguna referencia a la disciplina de los parlamentarios, y se dejó que fueran los propios partidos quienes regularan internamente esta cuestión. Las minorías que no contaban con un partido consolidado no quisieron o no pudieron imponer disciplina a sus diputados. Es el caso de los Radical-Socialistas (cuya rebeldía devino en autodestrucción), del Partido Radical (los de Lerroux renunciaron a todo constreñimiento en aras de la libertad y el purismo ideológico, lo cual pagarían caro) o de Acción Republicana (Azaña nunca tuvo verdadero interés por constituir otra cosa que un partido de notables). En los dos últimos casos, la cohesión del partido se construyó en clave personalista, en torno al respeto que infundía la figura del líder, lo cual dio origen a numerosas fisuras. Sin embargo, los partidos con un aparato más fuerte y con mayor capacidad electoral, como el PSOE y la CEDA entendieron la importancia de garantizar el control de sus parlamentarios. Los socialistas crearon una Comisión Directiva para regular la actividad interna del grupo, mientras que los cedistas se dotaron de un reglamento de régimen interno exhaustivo.

A pesar de los intentos hasta cierto punto exitosos del PSOE y la CEDA por mantener la disciplina interna, lo cierto es que, en líneas generales, el parlamento de la Segunda República fue un hervidero de inestabilidad y tensión. El riesgo que entrañaba la nueva democracia de masas es que se presentaba como un sistema de bandos, con victorias o derrotas totales que podían desatar enfrentamientos si no se respetaba el “principio de compromiso” del que hablara Kelsen. En España, que a diferencia de otras naciones occidentales no había hecho la transición al gobierno de partidos desde el viejo parlamentarismo liberal y que, por tanto, no tenía una cultura política democrática, el faccionalismo desembocó en la temida guerra civil. Fueron muchos los motivos que condujeron al fracaso institucional, empezando por la redacción de una constitución que excluía y deslegitimaba el triunfo de las opciones no republicanas de izquierdas. No es el cometido de este artículo referir todos errores que acabaron con la democracia republicana. Sin embargo, sí me gustaría destacar que la precariedad de la disciplina parlamentaria lastró y desestabilizó enormemente el funcionamiento de las Cortes, y entorpeció la construcción y consolidación del sistema de partidos políticos en el que ha de fundamentarse el juego democrático.

Después de un siglo XIX prolijo en asonadas y pronunciamientos militares, la democracia republicana de los años 30 tampoco lograría procurar estabilidad a España. El precio que habríamos de pagar por estas culpas fue demasiado alto, tanto, que tras 40 años de dictadura, los españoles no estaban dispuestos a malograr la nueva oportunidad liberal que la política les brindaba. Tampoco es pretensión de este artículo enumerar los aciertos de aquella transición, que fue exitosa más allá de cualquier anhelo revisionista. No obstante, uno de los elementos que hicieron posible la perseguida estabilidad parlamentaria fue la ordenación disciplinada de los grupos parlamentarios. Prueba de lo exitoso de nuestra consolidación democrática es que las generaciones que han pasado la mayor parte de su vida en democracia tienden a apreciar la estabilidad institucional de que disfrutamos desde hace poco más de 30 años como algo natural y dado. De ahí las tentaciones de considerar prescindible la disciplina de partido.

Sin embargo, sucede que esta herramienta no solo se ha revelado muy útil para estabilizar el parlamento, sino que constituye el principal medio para la rendición de cuentas ante los electores. El votante premia o castiga en las urnas la actuación de un partido político, al que identifica fácilmente como una unidad. No existen mecanismos de control individual que permitan a la ciudadanía fiscalizar e influir sobre el comportamiento de cada diputado. La disciplina interna no solo alienta la cultura del pacto (de la que tanto ha necesitado históricamente España); además, como ya explicó Bernard Manin, este consenso no conlleva el sacrificio del debate político: “En los intercambios en el seno del partido que preceden a los debates parlamentarios, los participantes debaten auténticamente”. A pesar de que esto mismo ha sido explicado ya por la ciencia política en multitud de ocasiones, son muchos los que insisten en la necesidad de profundizar en la autonomía parlamentaria, en la exigencia de, valga la redundancia, “democratizar la democracia”.

En cierta medida, pudiera parecer que dotar a los parlamentarios de libertad de voto los acercaría a la ciudadanía. Un diputado menos dependiente de su partido y más accesible al votante puede entenderse como una conquista democrática. No obstante, Robert Michels no tardaría en venir a aguarnos la fiesta. Pronto descubriríamos que el ciudadano medio no tiene ni tiempo ni ganas de influir sobre sus parlamentarios y esta oportunidad sería acaparada por una pequeña oligarquía con los recursos para hacerlo. Esto es lo que sucedió en Estados Unidos con la aprobación de las llamadas leyes Sunshine, que hacían públicos la discusión de todas las actividades y el sentido del voto de los congresistas. La cámara, como explica Fareed Zakaria en uno de sus trabajos, se hizo más permeable, sí, pero a los lobbies. Y, como es sabido, en España la actividad de los grupos de interés ni siquiera está regulada a día de hoy.

Así, vemos cómo el destierro de la disciplina parlamentaria traería algunas consecuencias indeseadas y contraintuitivas. Además, su desaparición pondría fin al mecanismo más importante para la rendición de cuentas y la capacidad de influir de los ciudadanos sobre los partidos políticos. Por último, no conviene abandonar la perspectiva histórica y caer en la tentación de creer que la estabilidad parlamentaria actual es consustancial a nuestra democracia, que es irreversible. El éxito de la transición fue el de conducir el nuevo régimen con un ojo puesto en el retrovisor. No cometamos el error de perderlo de vista ahora.

Nacionalismo e Historia

 Últimamente los españoles vivimos inmersos en una suerte de realidad desquiciada por la tensión territorial. Quizá, lo más estupefaciente de las turbulentas relaciones entre España y Cataluña sea el discurso político que las acompaña. Hace unos meses, Artur Mas trataba de justificar su posición ante la comunidad internacional con una carta en el New York Times en la que se refería a una Cataluña mitológica y soberana hasta 1714 (por piedad obviaremos las alusiones a la Guerra Civil). Tiempo después, Mariano Rajoy le replicó que España era nada menos que la nación más antigua de Europa. Alguien podría pensar, no sin cierta razón, que la dada futilidad de los argumentos, el presidente del Gobierno y el de la Generalitat se limitan a jugar a ver quién la tiene más larga. Y ruego me disculpen la expresión.  

No obstante, estas alusiones aparentemente banales al carácter ancestral de la nación no constituyen un recurso exclusivo de los españoles. La conmemoración de las esencias comunales es una constante de este nacionalismo que parece impregnar la vida política desde Quebec hasta Xinjiang. Pero no siempre ha sido así. Aunque ahora nos parezca impensable, hubo un tiempo, no muy lejano, en el que el nacionalismo como ideología de masas no existía. El despertar de las conciencias nacionales colectivas es un fenómeno eminentemente moderno que tiene lugar tras el estallido de la Revolución Industrial, allá por la segunda mitad del siglo XIX. De hecho, la primera discusión sobre este género tendrá lugar en 1861, entre Stuart Mill y Lord Acton, y prueba de lo inédito de la cuestión es que el debate se centra en las ideas de “nation and nationality”, pues nacionalismo es todavía un término en desuso.

En algunos casos, este despertar nacional es aún más reciente, como pone de manifiesto el testimonio de un diplomático británico de 1918: “Si uno fuera a preguntar al campesino corriente de Ucrania su nacionalidad, respondería que es greco-ortodoxo. Si se le preguntara presionando para que dijera si es gran-ruso, polaco o ucraniano, probablemente contestaría que es campesino. Si uno insistiera en conocer la lengua que hablaba, diría que hablaba “la lengua local”.

Mientras tanto, en las regiones más desarrolladas, las nuevas condiciones materiales proporcionadas por el progreso tecnológico transformaron las viejas sociedades europeas, insertándolas en la modernidad: la extensión de la educación, la alfabetización, las comunicaciones y el “capitalismo impreso” permitieron el paso de una cultura popular a otra nacional, unas veces impulsada desde las propias instituciones del Estado y otras contra el Estado mismo. Gobernantes y minorías culturales o étnicas se lanzaron a la tarea de distinguir y legitimar políticamente sus concepciones nacionales, apoyándose para ello en una interpretación más o menos interesada del pasado. De este modo, lo pretérito se convirtió en fuente de reconocimiento que inducía a la deformación y mitificación de la Historia. De hecho, resulta revelador que la creación de la asignatura de Historia sea tan reciente como la guerra franco-prusiana de 1870-71. El Estado francés decidió instaurarla en las escuelas para adoctrinar en el patriotismo, habida cuenta de la humillación nacional que había supuesto la proclamación del kaiser Guillermo I en Versalles, así como la pérdida de Alsacia y Lorena.

Sí, fue Francia, la Francia del nacionalismo cívico y el “plebiscito cotidiano” de Renan, que decía oponerse a la idea alemana de volksgeist. La misma Francia que, recuperadas Alsacia y Lorena tras la Gran Guerra, estableció en ellas hasta cuatro modalidades de documento de identidad, basados en una graduación de pureza racial. Si tenías un documento que decía que eras de origen alemán, podías olvidarte de encontrar un empleo. De esta manera, las nuevas condiciones materiales proporcionadas por la modernidad hicieron volver, paradójicamente, los ojos al pasado.

En el nuevo discurso nacional, los franceses pretendían, como señala Ortega, un Vercingentorix que soñara ya una Francia “desde Saint-Malo a Estraesburgo”; y los españoles evocaban a un Cid Campeador que proyectara en el siglo XI una España “desde Finisterre a Gibraltar”. El mecanismo mental que subyace a estos planteamientos es el de alguien que cree que Francia o España preexistían como unidades en el fondo de las almas francesas y españolas. Ortega dirá: “¡Como si existiesen franceses y españoles antes de que Francia y España existiesen!”. Se impuso la idea de que “nihil ex nihilo”, que después sostendrá Anthony D. Smith. Y, puesto que solo la nada proviene de la nada, legitimar políticamente la nación pasaría por construirle un pasado a su medida, dibujarle un ombligo, que diría Gellner.

De este modo, toda nación que se preciara y cualquier comunidad que aspirara a la autodeterminación política comenzó a aducir un origen ancestral. No solo Francia o España. Eric Hobsbawm cuenta en su ensayo sobre la Identidad: “Recuerdo el título de un libro de Mohendjo Daro sobre la civilización urbana en el Valle del Indo. Se llamaba 5000 años de Pakistán, un país que hasta 1947 no existía y cuyo nombre mismo no se inventó antes de 1932 o 1933". En Rusia, los Romanov pretendieron conjurar la amenaza de la democracia reinventando el pasado y retomando la idea del “zar popular” en mística comunión con su pueblo ortodoxo. De poco les sirvió, pues el nacionalismo ya había prendido en el imperio. La intelligentsia urbana reinventó y mitificó la vida campesina hasta convertirla en la base de la identidad y el ethos de la nueva Rusia revolucionaria. El testimonio de un campesino polaco del siglo XIX, y que recoge Figes en La Revolución Rusa. La tragedia de un pueblo, ayuda a entender cómo el “capitalismo impreso” del que hablara Benedict Anderson contribuiría a la construcción de esta conciencia nacional: “Yo no sabía que era polaco hasta que empecé a leer libros y periódicos”.

Y así podríamos citar un sinfín de ejemplos. Más allá de los coqueteos románticos primordialistas, quedan pocas dudas de que la nación pueda ser otra cosa que un constructo, una invención. Uno de los momentos en los que mejor puede apreciarse este hecho es durante el nacimiento de la nación italiana, cuando un político de la época llegó a afirmar: “Fatta l’Italia, bisogna fare gli italiani”. Incluso quienes señalan la cultura y la etnia como elementos presentes en el origen nacional olvidan que, como bien apuntó Dominique Schnapper, la etnia no es menos artificial que la nación, y que -afinará Weber- “es sobre todo la actividad comunitaria política la que produce la idea de ‘comunidad de sangre’”.

Siendo la etnia, la lengua y otros símbolos culturales meros artificios políticos, el vínculo distintivo (el hecho diferencial, si se quiere) que ha de unir a los miembros de la nación tendrá que estar en otra parte. En mi opinión, es la misma Schnapper la que da en el clavo con su idea de “communauté des citoyens”. La autora, hija de Raymond Aron, propone una concepción nacional fundamentada en la soberanía democrática, en la que los integrantes de la nación lo son en igualitaria condición de ciudadanos.

Una desearía escuchar más a menudo a sus representantes un elogio semejante de la ciudadanía. Sin embargo, la política española continúa esforzándose en la falsificación del pasado y en el recurso a la simbología mitificadora. Quizá sea porque, como demostró Robert Park, apelar a las emociones siempre proporciona una entrega más apasionada e inquebrantable que aludir a la razón. Sea como fuere, la política española seguirá volviendo los ojos al pasado, en ese gesto tan manido que, históricamente, ha constituido el mal de muchos, pero solo el consuelo de los tontos.

Gamonal: morir de éxito

Creo que no exagero si digo que muy pocos habían oído hablar de Gamonal hace una semana. Sin embargo, para quienes nos une algún vínculo familiar con Burgos, el barrio que abre estos días todos los telediarios no es un desconocido; como no lo son sus conflictos, que tienen más de flamante por la combustión de mobiliario urbano que por su novedad.

Pero, para explicar lo que sucede en Gamonal, quizá debamos ir de lo general a lo particular. Las protestas de estos días no se han fraguado en Madrid ni en Barcelona, sino en Burgos. Burgos es un ejemplo paradigmático de ciudad de provincias del norte peninsular: pequeña, conservadora y fría, esta Vetusta mesetaria no aparecerá nunca en las quinielas para liderar la revolución. Bajo los adoquines de la calle Vitoria no encontrarán la playa y es seguro que  la barba de don Rodrigo persistirá en su estasis pétrea sobre el rocoso Babieca, por mucho que haya quienes quieran saludar la segunda venida del Cid.

Entonces, ¿cómo es posible que hoy todos hablen de las revueltas de Gamonal, que alguno ya se ha apresurado a comparar con las del 15M, Estambul y hasta (ay) Tahrir? No conviene pecar de parsimoniosos a la hora de señalar las causas de un fenómeno que es más complejo de lo que la inmediatez de las redes sociales y los telediarios permite ver. Estos días se ha hablado mucho de movimientos NIMBY defendiendo su derecho a aparcar en la puerta de casa. Sin negar que exista un componente de estas características, apelar a ello como único hilo argumental es incurrir en un reduccionismo interesado.

 

En mi opinión, hay tres factores que explican lo que está ocurriendo en Burgos: la corrupción palmaria que vive la ciudad, la existencia de una minoría antisistema hiperparticipativa y con querencia por los disturbios, y la crisis económica. Los dos primeros puntos no constituyen ninguna novedad, pero con el concurso necesario del tercero se prepara un cóctel molotov.

La corrupción no es ajena a la ciudad del Arlanzón. Si hay alguien que campea por Burgos sin necesidad de Colada o Tizona ese es Antonio Miguel Méndez-Pozo. El empresario, que ya fue condenado a siete años por falsedad documental, ha hecho de la villa su cortijo, y en él hace y deshace, siempre arrimado al poder del PP, desde su atalaya mediática y su enchufada constructora.

Pero si Burgos es una ciudad socialmente conservadora, tiene un movimiento juvenil de extrema izquierda asociado a su equipo de fútbol (sí, aquel Burgos que Juanito llevara hasta la primera división todavía existe, y juega en segunda B). Resaca Castellana ha protagonizado innumerables protestas y disturbios en Gamonal antes, sin que esta barriada obrera haya logrado acaparar la atención de los medios.

Hasta ahora. Siendo el clientelismo y los revoltosos parte del paisaje habitual de Burgos, hacía falta un catalizador para esta reacción de protestas. Y el agente responsable ha sido la crisis económica o, más concretamente, el desempleo generalizado y los recortes. Los vecinos de Gamonal perecieron sobrellevar la corrupción mientras la situación económica no resultaba demasiado acuciante. Pero alcanzado cierto umbral de descontento, con las cifras de paro y las medidas de austeridad asfixiando a los ciudadanos, las tramas urbanísticas se tornaron inaceptables, el endeudamiento municipal se convirtió en una carga onerosa y las obras públicas pasaron a ser secundarias frente a la educación o la sanidad. Así, las minorías antisistema más participativas lograron, esta vez, aglutinar en torno a su discurso a un grupo de ciudadanos más amplio y, por consiguiente, con un poder de presión mayor.

El pulso al Ayuntamiento de la ciudad ha dado sus frutos: la resistencia de Gamonal se ha replicado en varios puntos de España, donde se han convocado revueltas solidarias, y las movilizaciones han alcanzado tal magnitud que el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, se ha visto obligado a paralizar las obras de la discordia. Puede decirse que los vecinos han vencido.

Sin embargo, todo parece indicar que Gamonal morirá de éxito. Lacalle ha perdido esta batalla, pero su derrota no es más que el sacrificio necesario para ganar la guerra de las urnas. El alcalde tiende la mano a los ciudadanos y dice renunciar al proyecto que llevaba en su programa electoral para apostar por el diálogo social. Los vecinos nunca esperaron que su victoria pudiera ser tan fácil. La noticia les ha pillado tan a contrapié que se han quedado sin discurso. El retrato del enmudecido barrio triunfante da una idea de lo pobre que es el asociacionismo en España. Gamonal no es capaz de sentarse a negociar con su Ayuntamiento porque no tiene una estructura organizativa, ni unos objetivos definidos, ni un relato vertebrador. Las protestas de Burgos son el clásico ejemplo de iniciativa reactiva, no propositiva, que caracteriza los movimientos sociales en nuestro país.

El alcalde ha colocado la pelota en los tejados de Gamonal y toda España aguarda expectante: ¿Y ahora qué? Ahora, Gamonal dice que continuará las protestas, a falta de una alternativa mejor. Mientras tanto, Lacalle abre los telediarios, vendiéndose ante las cámaras como el político que escuchó al pueblo, apostó por el diálogo y devolvió a Burgos la paz social. Hasta la hierática estatua del Cid sabe que recuperará en las urnas lo que Gamonal le negó en la calle. No habrá destierro: Lacalle cabalga.

De leyes y voluntades

* Disclaimer: Este post es una respuesta a una carta que circula por internet atribuyéndose al actor Juan Diego. Solo después de concluido el texto he sabido que la carta no la escribió en realidad el intérprete, sino un homónimo vecino de Valdemoro que la hizo llegar al director de La Vanguardia. La culpa es mía por no haber comprobado la autoría antes de escribir, aunque también podríamos hablar (no es este el momento, desde luego) de la manipulación informativa de que se sirven algunos para sus fines políticos. En cualquier caso, considero que el contenido del post continúa teniendo validez por cuanto hace referencia a un mecanismo argumental que, independientemente de quien lo haya expresado en aquel periódico catalán, considero muy generalizado en España. Ahí va.
 

Hoy he tenido la mala suerte de cruzarme con esta carta que firma uno de los grandes de nuestro cine, Juan Diego. En ella, el actor dice que él también es independentista catalán, aunque haya nacido en Madrid. Y lo es porque no entiende a Rajoy y porque no está de acuerdo con su forma de abordar la cuestión nacionalista. El mensaje es sencillo: no me gusta el Gobierno de España, luego me largo. En realidad, lo que subyace a este argumento, y a otros tantos que desde las dos orillas del Ebro se lanzan, es una falta absoluta de escrúpulo para con las leyes. Es la no aceptación del juego democrático, la no transigencia con el veredicto de las urnas, aunque lo legitime una mayoría absoluta. No me gusta este Gobierno, luego me largo. Al diablo la ley. La ley está bien cuando dice lo que a mí me gusta. El Gobierno está bien cuando soy yo quien lo ha votado. Me largo.
 

Es una cosa muy española esta de despreciar las reglas y considerar que la voluntad, individual o colectiva, está por encima de ellas. Dos siglos de golpes, pronunciamientos y asonadas militares nos avalan, pero alguno me dirá que soy maniquea por recurrir al extremo del ejército. Bien, yo les digo que este es un mal que aqueja al prócer y al soldado, a la derecha y la izquierda, al prohombre y al gusano, y les daré ejemplos. Hace casi un siglo, un reconocido intelectual como Azaña, al que hasta Aznar guarda un hueco en su mesilla, rechazó que “el Parlamento se convirtiera en una academia jurídica”, por considerar que debería responder a las aspiraciones del pueblo. Del pueblo, siempre que fuese republicano y de izquierdas, claro. En nuestros días, el desprecio por el formalismo legal es la pataleta de los airados ante la sentencia del TEDH contra la doctrina Parot, es el chusco desafío unilateral de Artur Mas, es la pintura en las pancartas del 15M que rezan “Lo llaman democracia y no lo es”.

Le dice Juan Diego a Rajoy en su carta que no pretenda que los catalanes “se queden inmóviles amenazándoles con qué les pasará si nos abandonan”. De nuevo, la observancia de las leyes es reconocida como una amenaza y no como el marco legítimo fijado para la convivencia, tanto por el Estado de derecho como por los tratados internacionales. Si alguien ha lanzado alguna amenaza es el señor Mas, cuando fantasea con actos unilaterales que no tienen cabida en la Constitución y que suponen la quiebra del orden institucional. Pero en España, de la gravedad de estas actitudes tiende a hacerse virtud. La virtud romántica y decimonónica de un bandolero enfrentado a un poder represivo, de quien guía la voluntad de un pueblo hacia su destino, de quien no está dispuesto a que un puñado de normas arruinen sus sueños de libertad nacional. Decía Kelsen que una nación “no es una masa [...] o un conglomerado de hombres, sino un sistema de actos individuales regidos por la ordenación jurídica del Estado”. Solo dentro de esa ordenación tienen cabida las libertades, pues es el cuerpo legal la garantía contra la arbitrariedad. Y no se me ocurre una cosa más veleidosa, voluble y arbitraria que la voluntad.

Monarquía y democracia: un comentario

Acabo de leer este estupendo artículo de Lluis Orriols, ¿Cuán democrática puede ser una monarquía?, en el que muestra cómo, quizá paradójicamente, los países con monarquías parlamentarias puntúan más alto que las repúblicas en calidad y satisfacción democráticas.

Como bien dice Lluis, esto no significa que exista una relación de causalidad entre monarquía y buen gobierno, pero sí creo que puede darnos alguna pista sobre quiénes son estos países y de dónde vienen sus buenos resultados.

Es cierto que la mayoría los regímenes democráticos actuales son republicanos, pero, tal como ha señalado Stanley G. Payne, a principios del siglo pasado, en Europa había solo dos repúblicas. Sin embargo, entre 1917 y 1939 asistimos en el viejo continente a eso que Mosse bautizó de forma tan atinada como la “brutalización de la política”, de la que se seguirá la quiebra de, aproximadamente, dos tercios de las democracias europeas vigentes entonces. Será después de la Segunda Guerra Mundial cuando, afanada en la tarea de su reconstrucción, Europa vea proliferar un gran número de nuevas repúblicas, dejando a los estados monárquicos en minoría.  

No es mi intención especular aquí sobre las razones que llevaron a los países a abrazar regímenes republicanos con preferencia sobre las opciones monárquicas. Sí me gustaría, en cambio, volver sobre ese tercio de democracias que sobrevivió a las “guerras civiles europeas”. Casi todas ellas, con las excepciones de Suiza, Finlandia y Francia (hasta Vichy), como ha afirmado Álvarez Tardío, eran “monarquías parlamentarias firmemente asentadas y legitimadas en un consenso social amplio”.

Esto me lleva a pensar que, probablemente, aquellas monarquías también hubieran puntuado entonces por encima de los estados republicanos en calidad y satisfacción democráticas, y que son precisamente la legitimidad y el consenso en torno a ellas los que hicieron posible que estas democracias se mantuvieran sólidas en los tiempos de la brutalización de la política.

Que en el siglo XXI sean las monarquías parlamentarias las que ocupan los primeros puestos de calidad entre las democracias extraña un poco menos si tenemos en cuenta que ya eran estados democráticos firmes en días en que la barbarie y los movimientos revolucionarios, fascistas o socialistas, se cernían sobre Europa. Lo que cabría preguntarse ahora es por qué fueron monárquicos los regímenes que, en la Europa de entreguerras, no sucumbieron a las tentaciones totalitarias. Pero eso ya lo dejamos para otro momento.

Artur Mas: entre la libertad y la condena

Hace algunos años, cuando la agenda nacionalista la marcaban ETA y el PNV, cuando la crisis económica era aún una burbuja lozana y el Estatut, polvo de estos lodos, solo el sueño húmedo de unos pocos. Hace algunos años, digo, no ha tanto de aquello, Arzalluz ondeaba una ikurriña por la misma causa que otros se arropan hoy con banderas esteladas, y Barcelona amanecía con el cuerpo ya frío, dos balas en la cabeza, un charco de sangre en un aparcamiento, que horas antes había pertenecido a Ernest Lluch.

Aquellos días, claro, las cosas eran distintas. Los terroristas descargaban sus cañones de futuro sobre la nuca de los buscadores de consensos, y la euforia de ladrillos y campos de golf aliviaba en Cataluña los agravios extractivos de la cleptomanía mesetaria. Sin embargo, los ciudadanos españoles de entonces conllevaban el nacionalismo, cualquiera que fuera su lengua vehicular, como lo hacen los de ahora, en una suerte de penitencia eterna que nos impusiera Ortega.

También conoció el jovencísimo siglo XXI de los discursos equidistantes, de los argumentos justificadores y de la pompa inane de los bienintencionados que pueblan ahora las páginas de los diarios nacionales. En una ocasión, Fernando Savater se refirió como “tonto útil” a quien consideró uno de esos biempensantes, Iñaki Gabilondo, por su reiterada connivencia con el nacionalismo vasco. Ante las quejas airadas del periodista herido en el orgullo, el filósofo no tardó en rectificar sus palabras: “retiro lo de útil”, sentenció.

Yo, que no tengo la talla (como no sea la estatura) de Fernando Savater, no me atreveré a llamar tontos, útiles o no, a los Jordi Évole o los Suso de Toro. No obstante, y aunque en la capital gustamos más de discutir sobre la portería del Real Madrid que sobre identidades nacionales, creo que ha llegado el momento de responder al nacionalismo. De abandonar el letargo permisivo con las medias verdades, las afirmaciones inexactas, la banalidad de los “compañeros de viaje” y las mentiras sin paliativos. De romper la espiral de silencio.

Artur Mas miente. Pero lo terrible es que miente a los suyos, lo cual da una idea bastante aproximada del respeto intelectual y moral que concede a quienes están llamados a ser su “pueblo”. Mas miente cuando afirma que Cataluña puede separarse de España sin divorciarse también de Europa, como no se han cansado de repetir desde las instituciones comunitarias. Europa, la vieja Europa que se levantó, arrepentida, vuelta en cenizas, para conjurar el fantasma del nacionalismo, ¿por qué habría de auspiciar de nuevo en su seno aquella semilla funesta? La Europa de la solidaridad y los fondos de cohesión, ¿por qué acogería a quien dice estar cansado de subsidiar a los menos ricos? La Europa de la inclusión, que mira a una integración mayor, ¿por qué abriría su casa a los portavoces de la disgregación y la exclusión?

Mas miente cuando dice que la corrupción se detendrá en la otra orilla del Ebro el día que Cataluña abandone España con un portazo. Esa corrupción que vive en los apellidos de la burguesía de siempre, nacionalista hoy, franquista ayer, primorriverista en otro tiempo. La corrupción que habita en los Pujol, los Millet o los Pallerols, se evaporará como se evapora en julio el agua cálida del Mediterráneo, pero solo para llover otra vez sobre las cumbres de los Pirineos en otoño.

Mas Miente cuando lanza previsiones económicas sesgadas, en las que la secesión catalana es la única variable considerada. Previsiones en las que el comportamiento del resto de actores es constante y no un suceso dependiente de la autodeterminación. Previsiones que no contemplan variaciones en las exportaciones hacia España, en el consumo de productos catalanes o en la localización de empresas nacionales, el día después de la independencia.

Mas miente cuando acusa de ser nacionalistas españoles a quienes le discuten. Sabe muy bien el presidente de la Generalitat que en España ya padecimos cuarenta años de aquel nacionalismo. Cuatro décadas perniciosas que nos vacunaron contra cualquier tentación nostálgica. Lo que queda de eso hoy en España es un residuo tan pequeño que ni siquiera ostenta representación parlamentaria. Quien se opone al nacionalismo no lo hace parapetado tras otro de signo contrario. Oponerse al nacionalismo es oponerse a una ideología reaccionaria, que ha sido bastante bien estudiada desde que el capitalismo impreso y las condiciones de la modernidad proporcionadas por la Revolución Industrial hicieran posible su expansión. Una ideología para la que las naciones son naturales y anteriores a las organizaciones políticas; superiores, por tanto, a estas, que deben someterse para la perpetuación de los valores nacionales. No en vano, Lord Acton diría que el nacionalismo sería el peor de los productos que nos trajera la Revolución Francesa.

Sea como fuere, desde la guerra franco-prusiana de 1870 hasta la desintegración de Yugoslavia, pasando por dos guerras mundiales, Europa ha sido testigo (y protagonista) del horror nacionalista durante más de 100 años. Cataluña no ha inventado, pues, el nacionalismo, por muy elegidos que se sientan los promotores de su independencia. Gellner dijo una vez: “Las naciones no tienen ombligo”, como no lo pueden tener Adán y Eva, que fueron “creados” por un dios. Las naciones son, pues, “inventadas”, del mismo modo que piensan los creacionistas que los hombres son un invento divino. Es más, las naciones son, en palabras de Benedict Anderson, “comunidades imaginadas”; pero dicha comunidad ha de ser, para Dominique Schnapper, una “comunidad de ciudadanos”, cuya distinción más importante es vivir bajo el paraguas de un estado democrático y soberano. Renan añadirá que la nación es un “plebiscito cotidiano”. Y lo cotidiano tiene muy poco que ver con los cromosomas pretéritos y las costumbres ancestrales. Nada que ver, por tanto, con la idea de una “comunidad de sangre”, cuya homogeneidad es producto de la “actividad comunitaria política” (Weber), “el efecto, y no la causa, de la unificación estatal” (Ortega).

Mas miente en el New York Times cuando habla de una Cataluña soberana hasta 1714, fecha en la que le fueron arrebatados, asegura, todos sus valores. ¿Podría el señor Mas explicarnos sin sonrojo cuáles eran los valores de los “catalanes” de comienzos del siglo XVIII? Ya Adrian Hastings nos prevendrá contra la “mitologización” de la identidad nacional de los que aspiran a decirse nación: “son episodios en los que la salvación nacional está o parece estar en juego. Casi siempre hay un traidor en la historia [léase Madrid o España], y esto agudiza el sentimiento de ‘nosotros’ y ‘ellos’, el deber absoluto de lealtad a la camaradería horizontal del ‘nosotros’ y el abismo moral que nos separa de los otros, de la amenaza contra nuestra ‘libertad, religión y leyes’... [léase llibertat, llengua, valors...]”. Ahí tiene Sant Jordi su dragón: construyamos un relato nacional.

También Hobsbawn ironiza sobre la inclinación del nacionalismo a inventar un pasado laudable para la nación en ciernes: “Recuerdo el título de un libro sobre Mohenjo Daro y la civilización urbana en el valle del Indo. Se llamaba Cinco mil años de Pakistán, un país que hasta 1947 no existió y cuyo nombre mismo no se inventó antes de 1932 o 1933”. Y tampoco tarda mucho Kedourie en destapar las trampas de Mas: “no hay razón convincente por la cual el hecho de que la gente hable el mismo idioma o pertenezca a la misma raza, habría de darle el derecho a disfrutar de un gobierno exclusivo”. El problema de pretender transmutar un hecho lingüístico o cultural en un imperativo estatal es que se está poniendo en tela de juicio la misma idea de libertad, como advertirá Renan: la tesis según la cual la circunstancia de compartir una lengua, una religión o un color de piel aboca indefectiblemente a los individuos a convivir en un mismo estado «condena» a esas personas a pertenecer a determinado cuerpo político, a agruparse políticamente en determinada forma.

Artur Mas miente, pero sucede que no suele ser posible engañar a todos todo el rato. Y, desde luego, harto más difícil resulta engañarse uno mismo. Es por ello que ya empiezan a escucharse los primeros titubeos en las filas nacionalistas, las primeras bajas, los primeros temblores de pulso, las primeras llamadas a la tranquilidad y los primeros intentos de recular. No vaya a ser que, después de todo este tiempo vendiéndonos la “llibertat”, al final solo se hayan estado labrado su propia «condena» electoral.